La presidenta Michelle Bachelet
ha anunciado que iniciará –en septiembre próximo- un “proceso constituyente”
para cambiar o modificar la Constitución de 1980, refrendada con pequeños
maquillajes por la Concertación durante veinte años. Claro que la presidenta no
explicó ni definió qué significaba exactamente ese “proceso constituyente”.
Porque lo dicho podría tener muchas interpretaciones, y de hecho parece
tenerlas, pues todo indica que lo que entienden los movimientos sociales por
tal concepto no es lo mismo que entienden los parlamentarios y los partidos
políticos. Por lo tanto, de no definirse claramente el concepto, entraríamos en
una discusión en planos paralelos y concretamente inútil. Ahora, dados los
hechos de la causa con que se cuenta, no es aventurado pensar que el gobierno,
y la Nueva Mayoría, no desean una asamblea constituyente tal cual la piden los
movimientos sociales y el pueblo. Es decir, una asamblea constituyente de
verdad. Lo que ellos desean es buscar subterfugios para poder validar un
“proceso constituyente” que parezca asamblea constituyente y así tranquilizar a
la calle. Si algo ha caracterizado a los presidentes de la Concertación es ser
tramposos.
Como fuere, antes de realizar una
asamblea constituyente, se debería realizar un plebiscito para definir qué tipo
de país queremos. Si queremos continuar con un país controlado por la
oligarquía, representada por los partidos políticos y los empresarios; o
queremos, por ejemplo, una democracia real y participativa, donde las
organizaciones sociales tengan las mismas prerrogativas de los partidos
políticos. Si usted revisa la historia de Chile se podrá dar cuenta que todos
los males sufridos por el pueblo chileno han sido provocados por los partidos
políticos y los empresarios, que se han apropiado del país para su propio
peculio. Utilizando diferentes estratagemas, se han apoderado de los recursos
del Estado, de los recursos naturales y de la plusvalía que genera la clase
trabajadora. Para la casta política y empresarial el Estado siempre ha sido un
botín. Hasta el día de hoy confunden su patrimonio con el patrimonio del
Estado. Esta situación es la primera que se debe erradicar de raíz. Entonces,
valen las preguntas ¿Cómo queremos que se desarrolle nuestra sociedad? ¿Cómo
deseamos que se distribuyan los recursos públicos? ¿Queremos un país donde se
siga permitiendo la acumulación capitalista o queremos un país donde se
garantice el derecho social a la salud, educación, jubilación, energía
eléctrica, agua potable? El gobierno de cualquier nación que se considere
democrática debe garantizar la gratuidad de estos servicios sociales y velar
porque todo lo que se obtenga de la explotación racional de los recursos
naturales quede en poder del Estado ¿Queremos un país industrializado y
sustentable o un país dependiente, mayoritariamente, de proveedores extranjeros
y usureros? ¿Queremos un país donde se imponga el criterio decimonónico de la
derecha e Iglesia en temas “morales” y legales o queremos un país con libre
albedrío en el plano de las ideas, sin imposiciones desde el Vaticano o de
comisiones de hombres “buenos”? Las leyes deben existir para resguardar la
libertad de las personas, no para tenerlas bajo un control ajeno a sus conciencias.
Por otro lado, una pregunta importante sería ¿Qué tipo de fuerzas armadas
queremos o necesitamos? ¿Queremos unas fuerzas armadas clasistas, represoras y
serviciales a la oligarquía económica, como lo han sido hasta la fecha, o
queremos unas fuerzas armadas cercanas al pueblo y anti golpistas?
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