Los dichos del diputado Ignacio Urrutia (UDI)
contra las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, los adherentes
del ex candidato presidencial José Antonio Kast, burlándose de los detenidos
desaparecidos arrojados al mar luego de descerrajarles el abdomen, las
declaraciones fanfarronas de la ex cantante Maldonado, y otros tantos hechos
similares, no son casualidad. Obedecen a una campaña –que se ha intensificado-
para colocar las violaciones a los derechos humanos en una categoría de
acontecimientos menores y aislados, incluso exagerados por las víctimas.
Llegándose incluso al intento de legitimar los crímenes de la dictadura con
frases como: “algo habrán hecho”; o, “en algo estarían metidos”.
Ahora, ¿quién o quiénes podrían estar detrás
de esta campaña? No sería aventurado señalar Punta Peuco y a “ex” agentes de la
DINA-CNI (y colaboradores civiles), que continúan pasando piola y enquistados en círculos de poder, y que, además, son
protegidos por los altos mandos de las FF.AA. Existen fundadas sospechas para pensarlo.
Por otro lado, vale la pregunta ¿Por qué se
permite, en Chile, que los propios criminales, o quiénes los defienden de
manera cómplice, actúen con tal impunidad? La respuesta es clara, los culpables
de esta permisividad han sido, primero los dirigentes y parlamentarios de la
Concertación, y luego los de la Nueva Mayoría, que desde 1990 a la fecha, en
vez de ponerle un parelé a situaciones como las que describimos, optaron por
someterse a la derecha y a una supuesta “democracia republicana”, donde todos debemos
reconciliarnos con todos, porque todos fuimos culpables del “quiebre de la
democracia el 11 de septiembre de 1973”. Desde la Concertación/ Nueva Mayoría jamás
impulsaron, por ejemplo, una ley que castigara con cárcel la defensa pública del
genocidio ocurrido en Chile, o que el pinochetismo fuera declarado fuera de la
ley. Por el contrario, permitieron que se fortalecieran las posturas de la
derecha, acabando con los medios de comunicación alternativos o incorporándose
muchos dirigentes concertacionistas a instituciones de la derecha (Paz
Ciudadana, por ejemplo), o a directorios de empresas (AFP), etc. Y si algo de
justicia se ha logrado en este país se debe exclusivamente a la lucha y
movilización de las agrupaciones de derechos humanos y de quienes las han
apoyado en un cien por ciento, no de los que apoyaron “en la medida de lo
posible”. También debemos mucho a las investigaciones periodísticas que
develaron, en diversos libros, los crímenes de la dictadura.
¿Cambiará esto alguna vez? Para que esto ocurra, la gente tendría que
tomar conciencia de lo grave de la situación y no volver a elegir, en el
Parlamento, o permitir que participen, en un gobierno, personajes de la estirpe
de Enrique Correa, Pepe Auth, Sergio Bitar, Mariana Aylwin, Andrés Zaldívar, José
Miguel Insunza, Ximena Rincón, Francisco Vidal, Soledad Alvear, toda la UDI, RN
y un largo etcétera, todos ellos vinculados a pactos con la derecha. Tampoco
debería permitirse, por ley, que los medios de comunicación den tribuna a
defensores de los genocidas, y del golpe de Estado de 1973, como Hermógenes
Pérez de Arce, Teresa Marinovic o Sergio Melnick. Por algo hay que comenzar.
