A mediados del año anterior, debido a una columna de opinión que publiqué, Gabriel Boric me preguntó ¿Cuál es la voz del amo del Frente Amplio? Le respondí que la voz del amo del FA era el republicanismo portaliano y argumenté las razones. Y lo es no solo del FA, sino que de todos los partidos políticos institucionales o tradicionales. Pues bien, ese razonamiento lo mantengo y la composición del gabinete que gobernará con el presidente me lo ratifica. También tengo claro que no se puede juzgar a un gobierno que aún no inicia su gestión, pero el futuro gabinete, y el pasado de algunos ministros, sí dan ciertas señales políticas que marcan una pauta. Y esa pauta puede significar (y creo que pasará) que todo, salvo ciertos cambios no estructurales, se mantendrá dentro del “orden portaliano”, representado por los empresarios y sostenido por el Parlamento, o sea, por los partidos políticos tradicionales. Y en el caso del gobierno que asumirá el 11 de marzo, la batuta la llevarán los partidos de la socialdemocracia y de la semiderecha, de donde provienen los nuevos ministros. En el ministerio de Hacienda, estará Mario Marcel, un neoliberal cuyos postulados son totalmente contrarios al clamor popular contra el modelo. El ministerio de Educación será encabezado por un profesor que, de acuerdo a la alerta del Movimiento por la Unidad Docente (MUD) “es creador de contenido de Educar Chile, conocida fundación que apuesta por la privatización de la educación”. En Vivienda, el encargado será Carlos Montes, cuyas votaciones en el senado siempre favorecen a los empresarios. Por ejemplo, lo sucedido con La Ley Corta de Pesca, este 21 de enero en la Comisión de Hacienda del Senado, que blanquea la Ley Longueira con la complicidad de Montes, en perjuicio de la pesca artesanal. Así suma y sigue, las improntas de la Concertación aun perdiendo elecciones se mantienen gobernando por gracia de la voz del amo. Y la mayor prueba de ello es que el presidente electo tuvo que ir a Enade 2022 a rendir la prueba de la blancura. Porque, claro, hay que “ponderar las expectativas”. Las voces festivas de Juan Sutil y Andrónico Luksic, por el nombramiento de Mario Marcel, son significativas.
Dado lo anterior, resultan curiosas, por calificarlo de alguna manera, las reacciones en las redes sociales de los militantes de Apruebo Dignidad, que más que manifestarse como sujetos políticos, con razonamientos políticos, lo hacen como fans, festejando eufóricamente los nombramientos. Se ha llegado a decir, en el colmo del delirio, que “los mismos que derrocaron al presidente Allende le rendirán hoy honores a su nieta Maya Fernández Allende, ministra de Defensa”. Les recuerdo que algo parecido se dijo de Michelle Bachelet cuando asumió dicha cartera, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y fue ella quien terminó rindiendo pleitesías a las FFAA. Parece que la ingenuidad respecto a los militares no tiene límite. Ahora, referente a lo político, Camila Vallejo ha dicho, en entrevista dada a El Mercurio tras ser nombrada ministra vocera de gobierno: “Yo creo que este es un gobierno principalmente de centroizquierda. Tiene un programa que recoge aspectos de la socialdemocracia europea, pero atendiendo a las demandas contemporáneas”. En el fondo, dice sin decirlo, que este no es un gobierno de Izquierda, sino “socialdemócrata”, y ojo con el concepto y cómo se aplica acá y en Europa, pero eso es para analizarlo en otra columna. En todo caso, sería bueno dejar de mentirle a la gente y decir de frentón que los postulados de la Izquierda no serán aplicados durante el gobierno de Gabriel Boric, así no crean falsas expectativas a una parte importante de los habitantes del país. Porque si se aplicaran, cuando se discuta el próximo sueldo mínimo, por ejemplo, la propuesta del gobierno debería ser de por lo menos el doble de la propuesta de los empresarios del retail.
Otro de los festejos de los fans del nuevo gobierno, se debe a que
lanzan al viento el triunfo de la generación que movilizó a los estudiantes en
2011 —e incluso la de los pingüinos el 2006—. Es decir, una visión antojadiza de
la realidad, pues si bien estos dirigentes, hoy gobierno, fueron la cara
pública de las movilizaciones, finalmente fueron desmovilizados, tanto el 2006
como el 2011 y todo quedó en nada. El 2006 los desmovilizó Michelle Bachelet y
su ministra de Educación Yasna Provoste tras un acuerdo lleno de letra chica, y
obviamente derecha incluida. En 2011 la tarea de desmovilizarlos corrió por
cuenta de Sebastián Piñera y su ministro Felipe Bulnes. Por lo tanto, el
triunfo de Gabriel Boric no se debe a esos procesos, sino que se debe a las
consecuencias políticas que dejó la insurrección del 18 de octubre de 2019 y
que fue contenida con el pacto del 15 de noviembre del mismo año (nuevamente derecha
incluida) que si bien abrió el camino a la redacción de una nueva Constitución
salvó a Piñera de caer él y su gobierno, y políticamente era más importante —en
ese momento— que cayera Piñera que pensar en una nueva Constitución, pero
claro, había que salvar el republicanismo portaliano, “señores”. Había que
salvar el legado de los “30 años” y las donaciones de Soquimich (SQM) a la
política. Entonces, dentro de esa realidad la gente optó por nuevas
posibilidades de gobierno, en este caso por Apruebo Dignidad, que pronto veremos
en cancha para que demuestren su conducta renovadora y nos callen la boca a
quienes vemos malas señales políticas en el nombramiento del nuevo gabinete o
quede demostrado que la razón está de nuestro lado, los que no escuchamos la
voz del amo. ¿Qué creen ustedes?
El académico Iván Navas Mondaca, director del magister en Derecho Penal y Económico de la Universidad San Sebastián, afirmó a la prensa que la nueva Ley de Control de Armas “introduce varios aspectos positivos para luchar contra la delincuencia, razón por la que en el corto plazo veremos una disminución del poder de fuego”. Argumentación insólita viniendo de un experto en derecho penal. Es evidente que a este señor le falta calle. La nueva Ley de Control de Armas no sirve para nada contra la delincuencia, es ridículo decir lo contrario. El problema son los delincuentes que usan las armas no las armas en sí. Ninguna ley impide a los delincuentes obtener armas ¿O acaso las autoridades creen que los criminales van a comprar pistolas y escopetas en una armería del Paseo Bulnes? Con esa mentalidad es fácil comprender porqué el país se ha vuelto —sobre todo en los últimos años— un paraíso para la delincuencia. Y ojo, esta nueva ley el Parlamento demoró 14 años en tramitarla; es decir, 14 años en que no entendieron las raíces del problema o simplemente no les importó.
Junto a lo anterior, el gobierno anunció el ingreso al Parlamento de un proyecto que renueva o actualiza el Código Penal de Chile, cuya columna vertebral data de 1874, habiéndose introducido solo algunas modificaciones durante los más de ciento cuarenta años trascurridos desde su implementación. Sin duda una aberración. Dado lo anterior no es aventurado suponer que el Parlamento se tomará su tiempo para aprobar la nueva legislación penal, porque si por una ley demoran 14 años imagínense por un Código Penal completo. Ahora, supongamos que mañana tengamos nuevo Código y Ley de Armas totalmente en vigencia: ¿Acabará eso con la delincuencia? La respuesta es un rotundo no. Pues como comentábamos, la Ley de Control de Armas no sirve para lo que se supone que está hecha, y el Código Penal no trae penas severas, penas que verdaderamente castiguen los delitos, como por ejemplo la Pena Capital sin derecho a indulto ni amnistía ni nada. El crimen se combate con leyes drásticas. En Chile debe ser eliminada la atenuante de “irreprochable conducta anterior” (se entiende que el proyecto del nuevo Código la elimina), también se debe eliminar el límite de edad para ser juzgado un delincuente. Todo delito debe ser juzgado dando lo mismo la edad del malhechor. Se deben eliminar todas las garantías que permiten que los delincuentes no cumplan sus penas en la cárcel; es decir, no más salidas dominicales ni reclusión nocturna. No más disminución de penas por “buena conducta”. Nada. Los delincuentes deben cumplir las penas de manera efectiva del día uno al día final de la condena. La única atenuante que debería existir, por ejemplo, en el caso de un asesinato, es la legítima defensa propia. Otra alternativa efectiva sería que ciertos delitos sean castigados con la Pena Capital y tengan categoría constitucional (sin derecho a apelación ni indulto), de manera que el juez esté obligado a aplicar tal pena sin mayor trámite. Entre esos delitos se debe considerar asesinatos, violación, pedofilia, secuestro, tortura, femicidio, asesinato frustrado, pornografía infantil, trata de blancas, entre otros
Por otro lado, está el gravísimo problema de la corrupción dentro de la policía civil (PDI) y Carabineros de Chile. Sobre todo, dentro de la oficialidad. Hoy existen varios exdirectores generales de Carabineros y un exdirector de la PDI procesados por la justicia. A esto súmele una cantidad de policías y carabineros que se coluden con narcotraficantes y otros delincuentes como ha sido comprobado en reiteradas ocasiones. Pero aún así, los gobiernos y el Parlamento, más allá de declaraciones obvias, no han hecho nada por refundar estas instituciones. Por el contrario, siguen con el discurso estúpido de que son instituciones admiradas y de larga tradición moral. En todo caso, para ser justos, hay que decir que sí existe gran cantidad de policías y carabineros honestos —la mayoría—, “pero una golondrina no hace verano”, por lo que la refundación hace rato que debió ser llevada a cabo.
Debido a los descrito, del aumento
de la delincuencia podemos enterarnos a diario. Cada día conocemos más portonazos,
tráfico de drogas, crímenes por encargo (sicariato), motochorros, balaceras, secuestros,
usura, etcétera, tomando razón que un porcentaje importante de estos delitos
son cometidos por delincuentes colombianos, dominicanos, venezolanos y, en
menor grado, haitianos y peruanos. Es la verdad, pues, entre los migrantes
honrados y decentes, se colaron delincuentes de todo calibre —asociándose oficialmente
a los delincuentes chilenos— que hacen lo que les viene en gana a vista y
paciencia de las autoridades, incapaces de tomar medidas severas. El sicariato
es una prueba contundente de esta importación. En Chile encontraron el paraíso.
