Una de las diferencias entre el Chile 1990-2018 y el de hoy
es que el pueblo se da cuenta de alguna manera, y lo expresa, de su condición
de explotado. La conciencia social del pueblo ha avanzado con respecto a su
existencia social, el pueblo ha ido perdiendo el miedo y ganando confianza en
sí mismo. Pero aún falta, falta ese paso que quedó pendiente tras el 18 de
octubre de 2019 y que la pandemia contuvo. Un paso que no es otro que desalojar
a la casta política que por décadas ha mantenido al pueblo viviendo bajo un
espejismo de prosperidad, un espejismo sostenido por el endeudamiento y las
ofertas con letra chica. Por lo tanto, si queremos comenzar a vivir con
dignidad, sin explotación, sin impunidad, sin mentiras ni violaciones a los
derechos humanos y con una Constitución realmente legítima nacida de una
asamblea constituyente (no de una convención constitucional), la única opción que
procede es el desalojo de los culpables de los infortunios del país.
Y los culpables son, sin duda alguna, la derecha
pinochetista y la Concertación (o ex
Concertación como la llaman hoy), que permitió desde 1990, y aún
permite, que esa derecha pinochetista campee a su antojo en la política chilena.
La Concertación pactó, entre gatos y medianoche, tras el triunfo del NO, una
“transición” donde no se tocaría el modelo económico, ni las privatizaciones
fraudulentas ni los crímenes de Pinochet y su jauría. Esto quedó demostrado
durante todos los gobiernos de la Concertación, incluido el de la
Concertación-Nueva Mayoría, que continuaron ahondando el modelo. Y si se
consiguieron avances en materia de derechos humanos y algunos acotados logros
sociales, se debió exclusivamente al trabajo incansable de las agrupaciones de
derechos humanos y de sectores poblacionales que se manifestaron en las calles
incesantemente. No se debió a una iniciativa nacida porque sí de los gobiernos
concertacionistas y sus principales dirigentes, que desde un comienzo mostraron
su verdadera faceta. Podemos mencionar a Enrique Correa, Andrés Zaldívar,
Sergio Bitar, Mariana Aylwin, Soledad Alvear, Ximena Rincón, Francisco Vidal,
Ricardo Lagos Escobar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Juan Pablo Letelier, Jorge
Burgos, Edmundo Pérez Yoma, Isabel Allende Bussi, Enrique Krauss, Camilo
Escalona, Felipe Harboe, Jorge Pizarro, Genaro Arriagada, Nicolás Eyzaguirre, José
Miguel Insulza, entre una interminable lista de perkines bien pagados por la derecha política y empresarial. De
hecho, la “oposición” recibió dinero del yerno del genocida y ladrón Augusto
Pinochet. Gracias a esa cáfila, a ese lastre, tenemos el Chile de hoy,
gobernado por el pinochetismo, con sistemáticas violaciones a los derechos humanos
desde el 18 de octubre de 2019, con presos políticos, represión y montajes
contra el pueblo mapuche e impunidad para militares y empresarios corruptos, que
han saqueado el erario a vista y paciencia de los poderes del Estado. Incluyendo
entre todos estos especímenes un general director de carabineros con perfil
sicológico DINA-CNI, el que evidentemente se ve reflejado en sus tropas de
asalto, émulos de las SS nazis.
Es repudiable y repugnante que el país tenga hoy un ministro
de justicia (Hernán Larraín) y otro del interior (Víctor Pérez) que avalaron
las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, más aún, que con
su proceder fueron encubridores de las atrocidades cometidas en Colonia
Dignidad. El gobierno de Sebastián Piñera está infectado por el pinochetismo,
por negacionistas y relativistas de las violaciones a los derechos humanos. Los
perdonazos a la corrupción, a las colusiones, a las estafas al Estado, a la
evasión de impuestos y docenas de delitos navegan a la orden del día. En tanto,
los dirigentes de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio no hacen más que mostrar
su pusilanimidad ante los acontecimientos, pues por más que reclamen y
vociferen para la galería, cuando llega el momento de oponerse con la máxima
fuerza a la derecha comienzan las “vacilaciones republicanas”, que lo único que
provocan es desmovilización, tal como sucedió en 2006 con los pingüinos y en
2011 con los universitarios. Una muestra de ello es el llamado “Acuerdo por la
paz social y una nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019 para
contener la rebelión social, y que contiene letra chica para burlar una
asamblea constituyente de verdad. Aunque hoy, tendrán que ir a otro perro con
ese hueso. Nadie les cree. Pues bien, son estos mismos partidos los que
pretenden apropiarse del proceso como adalides de lo que el pueblo quiere, para
una vez más embaucarlo, como sucedió con “la alegría ya viene”, claro, vino
para los mismos de siempre, para el pinochetismo y los empresarios, así como
para los dirigentes políticos de la derecha y la Concertación, que se han
enriquecido a costa de las penurias del pueblo.
¿Cuál es la opción para evitar el fraude electoral
constituyente? Volver a las calles y no abandonarlas hasta que el Parlamento
apruebe una nueva ley para la elección de lo que ellos llaman “convención
constitucional”. Una ley donde cualquier ciudadano pueda presentarse como
constituyente, una ley que prohíba a los partidos políticos presentar
candidatos a la “convención constituyente”. Una ley que permita propaganda
gratuita en los medios de comunicación para todos los candidatos. Una ley que
otorgue igualdad a los candidatos en la televisión. De lo contrario la calle
debe continuar.
Finalmente, decir que existe otro culpable del Chile de hoy:
la prensa oficialista y en especial la
televisión, que da tribuna a siniestros personajes pinochetistas como Sergio
Melnick, José Antonio Kast, Pepe Auth, Teresa Marinovic, Patricia Maldonado,
Hermógenes Pérez de Arce, a todos los dirigentes de la UDI, RN y Evópoli, etcétera, que mienten a
destajo, de la manera más increíble y miserable. Es el Chile que tenemos.